Por Milton Quiroz
La elección de la Doctora Luz Adriana Camargo por la Corte Suprema de Justicia se da en uno de los momentos de mayor impunidad y de deslegitimidad del sistema judicial en el país. En una carta enviada días anteriores por el periodista Gonzalo Guillen a la nueva Fiscal le señala 18 temas a resolver, entre esos están: Clan del Golfo asociado con la Ñeñe política, Odebrecht, Tráfico de influencia en la Fiscalía General de la Nación, enriquecimiento de fiscales de todos los rangos, sicariato judicial, narcotráfico y montajes judiciales.
Para ser sincero, sin juzgar las capacidades de la nueva fiscal, eso solo lo resuelve Mandrake, o una nueva juridicidad que supere la impunidad y en donde el sistema judicial no sea un instrumento de persecución política como siempre lo ha sido.
La fiscalía y todo el sistema judicial necesita una reingeniería de la ética, en donde la verdad, la justicia y la eficiencia sean sus principales pilares. Un poder judicial imparcial, eficiente y conducido por gente honesta y decente es fundamental para la democracia. La inmensa nómina de 26 mil funcionarios es inversamente proporcional a su eficiencia y desempeño.
La crisis del sistema judicial es estructural por lo tanto su solución debe ser estructural. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. La sociedad colombiana necesita colocar en su agenda el debate sobre el desempeño y naturaleza de la Fiscalía General de la Nación; cómo es posible que el 94% de los casos de corrupción permanezcan en la impunidad, según un informe e la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
La Fiscalía debe frenar la persecución a líderes y lideresas sociales que se oponen al régimen impuesto por los grupos de poder desde hace mucho tiempo y a los proyectos de las multinacionales que destruyen la naturaleza y despojan del territorio. De igual forma garantizar el derecho a la protesta, es decir no criminalizarla ni encarcelar a las personas que en ella participan. No es concebible que personas de la primera linea, líderes sociales y defensores de derechos humanos estén en la cárcel o con procesos abiertos por el solo hecho de pensar y opinar diferente.
De igual forma es necesario que la Fiscalía General de la Nación deje de actuar en connivencia con las empresas transnacionales, los grupos narcoparamilitares y con los clanes políticos del país.
Su deber es garantizar verdad y justicia en lo relacionado con la política de exterminio y muerte que ha habido contra el pueblo colombiano.
La Fiscalía General de la Nación es una entidad politizada al servicio de la ultra derecha del país, eso está más que demostrado, pero también hay funcionarias y funcionarios honestos y decentes, con ética profesional que se ven perseguidos y castigados por la estructura criminal que domina esa entidad.
Ante este panorama, no es un problema menor que enfrenta la nueva fiscal y más que la nueva fiscal, la nación entera. Esto es un asunto que a todas y todos nos compete. Un nuevo sistema judicial que no se corrompa, que no actúe bajo lógicas mafiosas y perversas es garantía de democracia y paz. Necesitamos un poder judicial y particularmente una Fiscalía para la paz, eso significa cero tolerancia con la corrupción y el narcotráfico; además es perentoria una coherencia ética en el actuar de sus funcionarios.
