LA CONTRAINSURGENCIA EN LA REGIÓN KARIBE
Karibeño Rebelde
Edición Nº 285
EMILIANO NEVADO.
«La verdad es la única respuesta que puede resolver cualquier enigma»
Este año se cumplieron 25 años de la masacre del Salado municipio del Carmen, Bolívar, donde el Ejército ametralló con helicópteros la guerrilla para abrirle paso a 450 paramilitares bajo el mando de Amaury de nombre Luis F. Robles Mendoza que fue parte de las fuerzas especiales del ejercito estatal y Jhon J. Esquivel Cuadros, entre otros, que asesinaron masivamente a 60 personas a la vista del público, usando armas de terror como moto sierras, armas ligeras, piedras, palos, morteros, cabuyas, pedazos de hierro, cuerdas, martillos, cuchillos, lo que fue una acción conjunta de la fuerza legal del Estado y del paramilitarismo contra el pueblo del Salado, en lo que se llama doctrina contra-insurgente.
El tiempo va pasando y tal vez muchos no recuerden las 333 masacres que ejecutó en cuatro departamentos de la región Karibe el Bando norte del para-militarismo a la cabeza de Jorge 40, hasta el 2005, quien hoy vergonzosamente tiene el hijo como representante de las víctimas en el departamento del Cesar, lo que es una burla pública del paraestado y una muestra fehaciente de la complicidad de las instituciones oficiales.
En el 2005 los representantes en el alto poder del Estado, liderado por Álvaro Uribe Vélez y las mayorías de los legisladores, que habían sido elegidos con la dinámica de la cohesión y la plata del paramilitarismo hicieron la ley de justicia y paz 975, legalizando la acción criminal del de estos grupos criminales aplicando nuevos métodos, haciendo espectáculo mediático con la supuesta desmovilización, donde hablaban de verdad, justicia, reparación y no repetición con lo que engañaban a las víctimas y al país.
La continuación del plan contrainsurgente refleja el mapa de la violencia actual del país y en particular la región Karibe, muestra que el paramilitarismo va en asenso, que ha sido una estrategia del Estado de años y que está presente en los territorios donde históricamente han tenido el beneplácito de las fuerzas armadas del Estado colombiano, la clase política, los gremios económicos, el contrabando, el narcotráfico y que está en plena expansión contra la oposición y las expresiones organizadas de las comunidades urbanas y rurales, pueblos indígenas y afros.
Las disidencias y bandas, que son dos cosas distintas y un solo plan verdadero, que junto con el Clan del Golfo, los Pachencas, Pepes, Costeños, pagadiarios, el narcotráfico -que son lo mismo-, el microtráfico y otras bandas, que tienen intereses comunes en connivencia con las fuerzas armadas del Estado, que se han convertido en las bandas más grandes en el marco de la doctrina contrainsurgente, tienen el plan de promover liderazgos afines a sus intereses y combatir la rebeldía, la lucha popular y al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), complicidad que amenazan la paz y la convivencia en varias zonas del país.
En el territorio la pobreza arrecia, con el desempleo y las necesidades básicas insatisfechas, las comunidades y sus líderes sociales están desamparados, el Estado que debiera protegerlos, los persigue a través de las bandas criminales del neoparamilitarismo en los departamentos de la costa, los corruptos se quedan con los recursos público, los servicios que prestan las empresas son caros y de mala calidad, los jueces judicializan la protesta social y los delitos menores, pero guarda impunidad para los criminales de alto poder, los medios de comunicación masivos mienten y desinforman, el desastre ecológico de la economía extrativista y los clanes políticos planifican una nueva compra de votos y otro engaño a las comunidades en el 2026.
La expansión del paraestado ejecutando masacres, desplazamiento interno, amenazando, asesinando, extorsionado, secuestrando y la conducta de la oligarquía colombiana en los territorios legitima la protesta y movilización social, la rebeldía y el alzamiento armado del ELN en los municipios y los Departamentos de Colombia.
La política de Petro para el Catatumbo, es la continuidad de los Gobiernos de derecha que los antecedieron; militarización, estigmatizaciçón contra ELN y contra las comunidades y procesos organizados. La conmoción interior declarada el 24 de enero del 2025 con el decreto 062 y levantada con el decreto 0467 del mismo año, dejó vigente varios decretos que equivalen a los acuerdos incumplidos, protección a los nacoparaestatales del Frente 33 descaradamente protegidos por los militares, generando terror con ejecuciones en Tibú y Cucuta y los bombardeos y sobre vuelos permanentes en la zonas habitadas por campesinos.
Los reflectores de las empresas de comunicación en una acción de manipulación mediática, junto al Gobierno nacional, generaron los potes de humo para tapar la incapacidad del régimen de resolver la crisis de gobernabilidad y los miles de incumplimientos en lo que se llama rebelión popular de antes, durante y después del 2021. Esos potes de humo, generaron una crisis humanitaria promovida desde el alto gobierno y polítiqueros negociantes de la región, que terminó en más represión al pueblo trabajador del Catatumbo y un nuevo engaño a quienes históricamente luchan por sus derechos y la paz.
Descaradamente en un intento por defender la fracasada paz total, terminan defendiendo la banda neoparamilitar del 33 frente de ex-farc con renombrados narcotraficantes, niegan la responsabilidad de la masacre de la familia López, el secuestro del alcalde del municipio san Calletano y decenas de asesinatos en la región del Catatumbo. Dándole vía libre y pública al plan contrainsurgente de las mal llamadas disidencias.
La doble moral es notable, estas mismas empresas de la comunicación, el Gobierno nacional no dicen nada de la crisis humanitaria que vive la región Karibe, que en el año 2024 vivió la tragedia de 14 masacres y solo en el departamento del Atlántico asesinaron 865 personas en este mismo año, y en lo que va del 2025 van dos masacres y más de 300 asesinatos. Las acciones del paramilitarismo contra las comunidades y líderes sociales arrecia.
La paz es un objetivo estratégico de la lucha revolucionaria del ELN, llamamos a las comunidades y colectivos a mantener la unidad y la organización, su lucha por los derechos políticos y sociales al mismo tiempo contrarrestar la matriz mediática contra la oposición. No hay dudas que la lucha en la calle y la salida política al conflicto es el camino. Con la participación de la sociedad y las transformaciones que el país necesita, logramos la convivencia y la paz de Colombia y el Karibe.
