EL AVANCE DEL PARAMILITARISMO NIEGA LA AGENDA SOCIAL DEL CAMBIO
Equipo de Investigación DIR-FGN
El anhelo de lograr otro orden social en Colombia, se enfrenta con la Doctrina de Seguridad del Estado, que persigue a los liderazgos populares que trabajan y luchan por una Agenda social de cambio, a quienes clasifica como el Enemigo Interno, al que debe combatir.
El Paro Nacional y sus demandas sin duda forman parte de una agenda política y social con vigencia hasta el día de hoy. Aunque existe un informe de junio de 2021, donde el Comité Nacional de Paro describe el contexto político, social y económico que precede al Estallido Social, y hace propuestas para superar la crisis social del país, no menciona en ninguno de sus apartes el paramilitarismo como política de Estado vigente y tendiente a perpetrar todo tipo de violaciones contra los liderazgos y el tejido social del país.
Ejercer en Colombia la defensa de los DDHH, Ambientales, del territorio y de los liderazgos en general, sigue siendo una actividad social de alto riesgo, toda vez que el paramilitarismo se ha ido expandiendo y consolidando los últimos diez años, cambiando formas de dominación siempre violentas y migrando hacia las zonas urbanas de mayor concentración social en todo el país. Sin el desmonte de esta política, el ejercicio de liderazgos en el país estará bajo constante amenaza y que ya no son solo los liderazgos en las zonas rurales de Colombia los que padecen las amenazas, la persecución y el exterminio.
Varios puntos nos permitirán entender que el desmonte del paramilitarismo no solo tiene que ver con un Acuerdo Nacional en torno a la paz, sino con la supervivencia del tejido social en todas sus formas, con la progresión y concreción de una Reforma Agraria y el desmonte efectivo del extractivismo y las desigualdades económicas, es decir, con la conformación de un nuevo orden social, que permitan a Colombia superar la explotación, la pobreza y la exclusión de la mayoría.
Para lo que sirven los Acuerdos de pacificación
Desde la Firma del Acuerdo de Paz de La Habana (2016) se han hecho dos intentos tibios para erradicar el paramilitarismo. Ninguno de ellos ha tenido incidencia directa en un desescalamiento del conflicto, de la violencia contra los liderazgos. Por el contrario, el paramilitarismo no solo creció, sino que se extendió a las principales ciudades del país, donde hoy se concentran luchas reivindicativas por servicios básicos, como energía eléctrica, acceso al agua, trabajo digno y reivindicación salarial, derechos ambientales y alimentación escolar, educación y ejercicio de liderazgos comunitarios, economía popular y alternativa, entre otros.
Según los últimos informes sobre Derechos Humanos, más de la mitad de las masacres perpetradas durante 2025 se han cometido en centros urbanos. Algunos analistas [1] tratan de explicar esta migración del genocidio de liderazgos sociales a los centros urbanos, sin ir al fondo del problema que es la aplicación de una Doctrina de Seguridad que persigue a quien lucha por los derechos de la mayoría, tipificándolo como Enemigo Interno.
La masacre de líderes populares no es por la presencia débil del Estado, antes, por el contrario, ocurre por exceso de militarización del Estado, por ejemplo, en las ciudades del Caribe militarizadas durante el Plan Colombia (1999-2009), el resultado en teoría sería tenerlas más tranquilas y seguras, en cambio sufren un crecimiento brutal de la violencia paramilitar y de bandas, agigantado en la última década.
El paramilitarismo sigue siendo inherente y útil al modelo económico y político vigente en Colombia en las distintas regiones del país, donde las Fuerzas Armadas (FFAA) siguen en colusión con el paramilitarismo, como en el Urabá Antioqueño y los Montes de María, conducidas por los clanes regionales, para perpetuar la opresión de las comunidades y el saqueo en los territorios.
Gracias a la presión de las víctimas
Con el Acuerdo de La Habana (2016), organizaciones de DDHH, de víctimas, movimientos sociales y demás sectores políticos lograron que el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) reconociera la vigencia, mutación y expansión del paramilitarismo.
Como parte de ese trabajo de presión hacia el Estado, se logró el Proyecto de Acto Legislativo 015/2017: «por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado», como parte del compromiso del punto 3.4.2 del Acuerdo Final, con el propósito de prohibir la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y, a partir de esta, desarrollar normas necesarias para su aplicación, incluyendo sanciones penales, administrativas y disciplinarias.
Al respecto, el Defensor de Derechos Humanos Javier Giraldo Moreno (SJ), ha señalado en diversas entrevistas [2], que el intento de desmonte de 2016 fue apenas un amague sin mayor profundidad; precisó que, a partir del Acuerdo de 2016 se tomaron «20 medidas para la erradicación del paramilitarismo (ninguna era nueva), todas se habían ensayado antes y no habían servido para nada».
El Padre Giraldo recalca que se propuso crear una Fiscalía especializada, que desde sus inicios quedó maniatada por el saboteo constante del entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez y desde entonces la impunidad en torno al paramilitarismo, siguió siendo la principal traba.
Para este Defensor de DDHH, superar el paramilitarismo implica superar la impunidad, impartir justicia, verdad y reparación, erradicar la Doctrina de Seguridad que persigue al Enemigo Interno, derogar decretos y manuales vigentes de contrainsurgencia.
Un propósito apenas de diagnosticar
Aunque en el Acuerdo de México (# 6) -firmado por el Gobierno Nacional y el ELN en marzo de 2023- establece en el punto 5.3 «la erradicación de toda forma de paramilitarismo para que no se repita», no existen condiciones ni instrumentos ni hoja de ruta para determinar que esta política intentará siquiera desmontarse. Cuando mucho se dieron dos intentos que quedaron en el aire por razones varias:
* A finales de enero de 2024, tanto el Gobierno como el ELN anunciaron la creación de un Observatorio sobre las formas del paramilitarismo con la firma del Acuerdo # 17 (en cumplimiento del punto 5.3 de la Agenda de México), con el objetivo de «establecer las distintas formas de paramilitarismo, realizando estudios e investigaciones objetivas y actualizadas sobre toda forma de paramilitarismo como expresión del conflicto armado, centrándose en observaciones de la realidad que permitan adoptar medidas para su erradicación, superación y no repetición».
Este Acuerdo # 17 está conformado por cinco puntos y apunta apenas a diagnosticar e identificar toda forma de paramilitarismo y a conformar un Observatorio diverso y plural, que le permitiera cumplir con este acercamiento a lo que es hoy el paramilitarismo.
Este Acuerdo # 17 se queda corto con la preocupación mayor en un país golpeado fuertemente por el paramilitarismo: ¿cómo y con qué herramientas desmontarlo?, ¿cuál sería el compromiso del Estado y del Gobierno para lograr erradicar esa política institucionalizada?, entendiendo que en el transcurso de los últimos 80 años el paramilitarismo surgió como parte de la Doctrina de Seguridad del Estado colombiano, como su brazo armado no formal para golpear y silenciar al tejido social, a los disidentes y alternativas (los Otros) que se oponían al Status Quo.
Este intento de conformación de un Observatorio además de fracasar por los reiterativos incumplimientos del Gobierno a lo pactado con el ELN, y por los saboteos constantes del entonces Comisionado de Paz, Otty Patiño, queda a la deriva desde el anuncio de su creación, por este enfoque en el cual se pone mayor énfasis en el diagnóstico y no en la erradicación de esta política y en resolver la sistemática impunidad, que ha reinado en torno a la violación sistemática de los DDHH perpetrada, por organizaciones paramilitares y Estado en connivencia o por separado.
* Otro de los escollos para superar esta política en el contexto actual tiene que ver con las ambivalencias del Gobierno Nacional a la hora de abordar el tema. Por un lado, asume un discurso de lucha contra el paramilitarismo, por el otro, no aborda el tema central como bandera de debate y discusión nacional: la reforma a las FFAA y la Doctrina de Seguridad dirigida contra el Enemigo Interno.
Durante la campaña electoral de 2022, el tema de la reforma militar y policial pasó en blanco, no fue de interés para el proyecto del Cambio y tampoco se le ha dado mayor relevancia durante todo el ejercicio de Gobierno, a lo sumo han querido dar a entender que establecer negociaciones con el Clan del golfo o las bandas de la Sierra nevada de Santa Marta es un paso fundamental y decisivo para lograr la paz en amplios territorios del país.
Lo inocuo de la última temporada
El Gobierno emitió el Decreto 0665 del 24 de mayo de 2024 para poner en marcha una «política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atenta contra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, aprobada el pasado 7 de septiembre en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta política se desprende, como bien recalcó el Gobierno, del Acuerdo Final de 2016 y suponía la creación de nuevas herramientas para el desmantelamiento del paramilitarismo y el desarrollo de políticas de Estado para la transformación de los territorios afectados.
Como lo analiza el Padre Giraldo, este nuevo Decreto se quedó en ‘más de lo mismo’ y no ha dado un paso concreto que pueda materializarse en un camino de transformación y paz. Los liderazgos siguen sufriendo amenazas y persecución, y las distintas bandas paramilitares siguen creciendo o consolidando su control territorial. Además, como en el caso del Observatorio propuesto a partir del Acuerdo de México, tampoco enfoca sus acciones a desmantelar el paramilitarismo como política de Estado, ni a reformar las FFAA ni a cambiar la Doctrina de Seguridad del país, principal soporte para la existencia de todas las formas de paramilitarismo.
Se debe entender entonces que si no se asume desde otra perspectiva el asunto del paramilitarismo como política de Estado, los liderazgos sociales en el país seguirán estando amenazados de persecución y eliminación; los procesos sociales y comunitarios en las regiones y centros urbanos seguirán siendo captados y amenazados por las organizaciones paramilitares y bandas afines; la recomposición de los procesos y liderazgos campesinos y de tomas de tierras de los últimos años seguirán siendo estigmatizados por los medios de comunicación y la dirigencia de los grandes ganaderos de Fedegan, ante la mirada indiferente del Gobierno y el avance del paramilitarismo, y esto último también representa el obstáculo mayor para el desarrollo de la Reforma Agraria.
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[1] Diario El Tiempo, 2/09/25.
[2] Portal Periferia Prensa, mayo de 2024.
