LAS RAÍCES DEL ATAQUE CONTRA EL ELN: EL «NARCOTERRORISMO
Karibeño Rebelde
Edición Nº 304
Juana Julia Guzmán
Los diferentes procesos de paz que se han dado en Colombia las últimas cuatro décadas apuntaron a un mismo objetivo: acabar con el derecho a la rebelión y a la lucha armada del pueblo colombiano sin que hayan cambios estructurales dentro del sistema político, económico, social y militar que sostiene al Establecimiento y perpetúa la exclusión y la pobreza en uno de los países más desiguales del continente.
El Estado colombiano, de manera solapada o abierta ha impulsado negociaciones con grupos armados «buscando» la paz mientras despliega toda una campaña de ideológica -reforzada por los medios del Status Quo- para lograr su segundo propósito: deslegitimar el derecho a la rebelión, a la lucha armada y el derecho a pensar y actuar diferente dentro de los escenarios políticos.
Las dos primeras décadas del presente siglo el país se alineó a dos eventos que marcarían el devenir del conflicto político, social y armado del país los próximos años; y que también incidirían en la opinión del país. El primero tiene que ver con la implementación del Plan Colombia; el segundo con el lanzamiento de la llamada lucha internacional contra el terrorismo, iniciada luego del autoinflingido ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Con la implementación del Plan Colombia a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, el Estado colombiano logró modernizar su aparato militar y aumentar el pie de fuerza; la excusa era el combate contra las drogas, el objetivo claro arrasar con las guerrillas y con todo el tejido social colombiano.
Esto, por supuesto, fue acompañado por la avanzada paramilitar. Y el ingrediente adicional, como se mencionó anteriormente: la lucha internacional contra el terrorismo asumida por el Gobierno de Uribe como propia, que echó las bases para lo que sería la campaña de deslegitimación más compleja que desarrollaría el fallido Estado de derecha, contra la lucha armada y contra las luchas políticas y sociales del país.
Desde entonces, a las antiguas FARC (sobre todo a ellos) no los bajaron de narcoterroristas. Fue el punto de inflexión que le permitió al Estado profundizar la deslegitimización de la lucha armada, y criminalizar y estigmatizar las luchas populares, señalando supuestos vínculos de estas últimas con las FARC o el Ejercito de Liberación Nacional (ELN).
Cuando las FARC llegaron al proceso de paz con la administración Santos, la legitimidad de esta organización ya estaba minada. La tarea fue fácil porque en el imaginario colectivo del país resaltaban las atrocidades cometidas por las FARC y era evidente su relación directa con el narcotráfico, imagen también potenciada por años y décadas de campañas anti terrorista y anti narcotráfico.
Entonces se convirtieron las FARC en el coco de la sociedad colombiana. Incluso, por un tiempo dejó de ser importante debatir sobre la continuidad del paramilitarismo luego de los dos gobiernos de Uribe.
¿A quien más le echarían la culpa? Una vez desmovilizadas las FARC, el eje se centró en el ELN. Desde entonces, pero sobre todo durante el actual Gobierno, se ha pretendido falsamente vincularnos con el narcotráfico.
«El ELN nada tiene que ver con el narcotráfico ni con ninguna fase de su cadena: no tenemos cultivos, laboratorios, cocinas, pistas, rutas ni exportaciones de cocaína; tampoco tenemos nada que ver con negocios de precursores químicos», según hemos expresado en distintos comunicados. Además, gracias a la claridad ideológica del Comandante Manuel Pérez, el deslinde del ELN con el narcotráfico fue una política nacional asumida sin fisuras ni contradicciones en toda la organización.
Desde el Frente de Guerra Norte tenemos antecedentes propios de lucha contra el narcotráfico. En los años de mayor auge de lucha política y armada del FGN (décadas de 1980 y 1990) desarrollamos intensas campañas para erradicar cultivos de drogas en la Serranía del Perijá y otras regiones, combatimos a cabecillas del narcotráfico y a narcoparamilitares de las AUC, dictamos políticas de prohibición y prevención en los territorios donde desplegamos nuestras actividades. En fin, asumimos, como asumen todos los frentes del ELN, una política clara de deslinde con el narcotráfico.
Repetimos, una vez derrotadas las FARC, nos han querido convertir en el «nuevo coco» del narcotráfico. Y no es que el Estado se crea ese cuento, es que con ello buscan deslegitimarnos para acabar con el ejemplo de la única organización guerrillera vigente de Colombia y del Continente.
Solo basta leer los titulares de los medios regionales del Karibe en los últimos cuatro años. Sistemáticamente repiten lo que dice la vocería militar y del Gobierno: que desmantelaron un laboratorio del ELN, que confiscaron un cargamento de drogas del ELN, que tal o cual ruta de narcotráfico es del ELN y así otras mentiras repetidas sin ningún rubor ni rigor periodístico. Incluso muchas veces nos señalan de hechos registrados en regiones o localidades en las que ni siquiera tenemos presencia.
