EL AVANCE DEL PARAMILITARISMO NIEGA LA AGENDA SOCIAL DEL CAMBIO

Equipo de Investigación DIR-FGN

El anhelo de lograr otro orden social en Colombia, se enfrenta con la Doctrina de Seguridad del Estado, que persigue a los liderazgos populares que trabajan y luchan por una Agenda social de cambio, a quienes clasifica como el Enemigo Interno, al que debe combatir.

El Paro Nacional y sus demandas sin duda forman parte de una agenda política y social con vigencia hasta el día de hoy. Aunque existe un informe de junio de 2021, donde el Comité Nacional de Paro describe el contexto político, social y económico que precede al Estallido Social, y hace propuestas para superar la crisis social del país, no menciona en ninguno de sus apartes el paramilitarismo como política de Estado vigente y tendiente a perpetrar todo tipo de violaciones contra los liderazgos y el tejido social del país.

Ejercer en Colombia la defensa de los DDHH, Ambientales, del territorio y de los liderazgos en general, sigue siendo una actividad social de alto riesgo, toda vez que el paramilitarismo se ha ido expandiendo y consolidando los últimos diez años, cambiando formas de dominación siempre violentas y migrando hacia las zonas urbanas de mayor concentración social en todo el país. Sin el desmonte de esta política, el ejercicio de liderazgos en el país estará bajo constante amenaza y que ya no son solo los liderazgos en las zonas rurales de Colombia los que padecen las amenazas, la persecución y el exterminio.

Varios puntos nos permitirán entender que el desmonte del paramilitarismo no solo tiene que ver con un Acuerdo Nacional en torno a la paz, sino con la supervivencia del tejido social en todas sus formas, con la progresión y concreción de una Reforma Agraria y el desmonte efectivo del extractivismo y las desigualdades económicas, es decir, con la conformación de un nuevo orden social, que permitan a Colombia superar la explotación, la pobreza y la exclusión de la mayoría.

Para lo que sirven los Acuerdos de pacificación

Desde la Firma del Acuerdo de Paz de La Habana (2016) se han hecho dos intentos tibios para erradicar el paramilitarismo. Ninguno de ellos ha tenido incidencia directa en un desescalamiento del conflicto, de la violencia contra los liderazgos. Por el contrario, el paramilitarismo no solo creció, sino que se extendió a las principales ciudades del país, donde hoy se concentran luchas reivindicativas por servicios básicos, como energía eléctrica, acceso al agua, trabajo digno y reivindicación salarial, derechos ambientales y alimentación escolar, educación y ejercicio de liderazgos comunitarios, economía popular y alternativa, entre otros.

Según los últimos informes sobre Derechos Humanos, más de la mitad de las masacres perpetradas durante 2025 se han cometido en centros urbanos. Algunos analistas [1] tratan de explicar esta migración del genocidio de liderazgos sociales a los centros urbanos, sin ir al fondo del problema que es la aplicación de una Doctrina de Seguridad que persigue a quien lucha por los derechos de la mayoría, tipificándolo como Enemigo Interno.

La masacre de líderes populares no es por la presencia débil del Estado, antes, por el contrario, ocurre por exceso de militarización del Estado, por ejemplo, en las ciudades del Karibe militarizadas durante el Plan Colombia (1999-2009), el resultado en teoría sería tenerlas más tranquilas y seguras, en cambio sufren un crecimiento brutal de la violencia paramilitar y de bandas, agigantado en la última década.

El paramilitarismo sigue siendo inherente y útil al modelo económico y político vigente en Colombia en las distintas regiones del país, donde las Fuerzas Armadas (FFAA) siguen en colusión con el paramilitarismo, como en el Urabá Antioqueño y los Montes de María, conducidas por los clanes regionales, para perpetuar la opresión de las comunidades y el saqueo en los territorios.

Gracias a la presión de las víctimas

Con el Acuerdo de La Habana (2016), organizaciones de DDHH, de víctimas, movimientos sociales y demás sectores políticos lograron que el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) reconociera la vigencia, mutación y expansión del paramilitarismo.

Como parte de ese trabajo de presión hacia el Estado, se logró el Proyecto de Acto Legislativo 015/2017: «por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado», como parte del compromiso del punto 3.4.2 del Acuerdo Final, con el propósito de prohibir la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y, a partir de esta, desarrollar normas necesarias para su aplicación, incluyendo sanciones penales, administrativas y disciplinarias.

Al respecto, el Defensor de Derechos Humanos Javier Giraldo Moreno (SJ), ha señalado en diversas entrevistas [2], que el intento de desmonte de 2016 fue apenas un amague sin mayor profundidad; precisó que, a partir del Acuerdo de 2016 se tomaron «20 medidas para la erradicación del paramilitarismo (ninguna era nueva), todas se habían ensayado antes y no habían servido para nada».

El Padre Giraldo recalca que se propuso crear una Fiscalía especializada, que desde sus inicios quedó maniatada por el saboteo constante del entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez y desde entonces la impunidad en torno al paramilitarismo, siguió siendo la principal traba.

Para este Defensor de DDHH, superar el paramilitarismo implica superar la impunidad, impartir justicia, verdad y reparación, erradicar la Doctrina de Seguridad que persigue al Enemigo Interno, derogar decretos y manuales vigentes de contrainsurgencia.