Han pasado ya 75 años del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, magnicidio cometido por el Estado colombiano en complicidad con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para frenar el gobierno de carácter popular que se gestaba en el año 1948. Hecho que es referencia histórica de como el Estado de derecha desde aquellos años ha usado la política de muerte para garantizar su permanencia en el poder.

Hoy en día esta realidad no ha cambiado. Ante la amenaza que representa el Gobierno de Petro para los grupos de poder, han arremetido de forma sanguinaria contra las organizaciones sociales y el acumulado de años de lucha que representa el Pacto Histórico y todos los grupos y partidos alternativos, en un intento desesperado por frenar la ola de cambio que nace desde las diferentes regiones que desde siempre han sido golpeadas por el conflicto armado, los despojos de tierras, desplazamientos forzados y el narcotráfico. Arremetiendo principalmente contra los líderes sociales.

“Nada más cruel e inhumano que una guerra. Nada más deseable que la paz. Pero la paz tiene sus causas, es un efecto. El efecto del respeto a los mutuos derechos”. Jorge Eliecer Gaitán

Y es que desde que inició la campaña a principios del 2022, los asesinatos y hechos violentos contra los líderes sociales se incrementaron de manera notable, convirtiendo el 2022 en uno de los años más violentos para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, con un total de 215 asesinatos de forma sistemática, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); esto con el único objetivo de evitar que una política de vida, que gobierne para todos y todas se instaurara en Colombia. Sin embargo el pueblo colombiano no tuvo miedo y Petro se consolidó como presidente.

La violencia en el Karibe y el Pacífico

La violencia contra los líderes sociales no ha cesado y por el contrario este 2023, año donde se celebrarán las elecciones regionales, la derecha ya ha comenzado su arremetida en un intento desesperado por desmoralizar al pueblo y evitar que el cambio llegue a los gobiernos regionales. Por lo que en el primer trimestre ya van 36 líderes asesinados.

No es casualidad que estos hechos de violencia se den mayormente en las regiones que le aportaron mayor votación a Gustavo Petro, garantizando su triunfo, como son la Región del Pacífico, donde se han registrado el 41,6% de los asesinatos y la Región Karibe con 35.5%, de los asesinatos y donde de las 24 masacres que se han registrado en el país, en lo que va de año, 10 ocurrieron la costa karibeña. Entendiendo también que estas regiones han sido las más afectadas por el conflicto armado, el paramilitarismo y el narcotráfico.

La derecha más rancia ha sacado sus garras par evitar que un nuevo sistema de gobierno, que luche contra el extractivismo, el narcotráfico, el monopolio de las tierras, la corrupción y la impunidad tome el poder del Estado, porque esto significaría perder lo que ha sido la fuente de sus riquezas durante siglos. A costa de la sangre derramada de miles y miles de colombianos que han sido obligados a vivir en la miseria, sin garantías de nada y en medio de una violencia que lo único que les ha dejado es la dignidad de luchar por un país diferente.

El pueblo costeño tiene el deber de seguir luchando para que el verdadero cambio llegue a la región y sacar de una buena vez a los clanes mafiosos, corruptos y los clanes paramilitares que someten y asesinan a los jóvenes, indígenas, afros y a la sociedad en general y evitar que los recursos sean saqueados y que la Región Karibe deje de ser la despensa de Colombia.

La lucha es dura y resistir con valentía es menester, pero la organización del pueblo es obligatoria, para blindar sus luchas sociales y preservar la vida de todos y todas. Para eso el pueblo debe organizase para garantizar la seguridad de sus comunidades y de sus líderes y crear mecanismos que les permitan resguardar sus vidas. Por su parte el Gobierno Nacional debe depurar los organismos de seguridad y sacar a los aliados del paramilitarismo. Crear cuerpos de seguridad que resguarden la vida de los y las colombianas y defiendan los derechos de los más vulnerables y no los de unos pequeños grupos de poder. Esa tarea es para ya.