FALSO PROCESO DE PAZ SOLO TRAE MÁS GUERRA, EL CASO DEL CATATUMBO
Paula Solano
Se cumplen casi cuatro meses del inicio de la confrontación del ELN con las disidencias del Frente 33 de las Exfarc en el Catatumbo. Desde el inicio de esta disidencia, fue claro que estaban interesados en el negocio del narcotráfico.
Con el pasar de los años, se convirtieron en una banda que maltrata y constriñe la población catatumbera, incluyendo torturas a pobladores de la región, la creación de campos de concentración a quienes se opusieran a ellos, masacres de familias, instrumentalización y esclavitud de la población indígena, feminicidios luego de que algunas mujeres se negaran a sostener relaciones sexuales con sus cabecillas, entre otros diversos crímenes.
Luego de múltiples diálogos, el ELN tomó la decisión de confrontarlos militarmente el 16 de enero, al no haber cambios en su comportamiento, viendo que estaban llevando la región a la debacle, con sus crímenes e interés narcotraficante. Ante la decisión de confrontación del ELN a esta estructura criminal, el gobierno de Petro reaccionó tildando al ELN de “genocida”, “narcotraficante”, “amenaza transnacional”, y que el ELN es una “organización criminal” sin ideales políticos, entre otros muchos calificativos.
Se desgranan las disidencias
El presidente suspendió la mesa de diálogos con el ELN el 17 de enero, mientras que fortaleció los protocolos de mesas de sometimiento con esa disidencia, que se autodenomina Estado Mayor de los Bloques, después de su separación con las disidencias de Iván Mordisco, a quienes no hacía mucho había defendido calificándolos como “verdaderos precursores de la paz”; a la vez que inició una ofensiva militar en el Catatumbo para atacar al ELN, con la llegada de 10 mil efectivos.
El 17 de abril el presidente firmó un Decreto que sorprendió al país, pues en la práctica es un cese unilateral de las fuerzas del Estado con estas disidencias, Petro calificó el decreto como un gesto por parte de su gobierno para promover que el Estado Mayor de los Bloques (frente 33, las disidencias de Antioquia, Sur de Bolívar y las de Calarcá en el Guaviare) avanzaran en la concentración en sitios específicos y de ahí continuar con la dejación de armas.
Las disidencias de Calarcá respondieron al Decreto con un ataque al Ejército que dejó 7 bajas en el Guaviare, a la par que envió una carta al presidente diciendo que su grupo no estaba de acuerdo con acciones unilaterales e imposiciones de Petro, porque nunca habían acordado ir a zonas de concentración ni la dejación de armas, Calarcá llamó a Petro para que respetara una mesa de conversaciones que sostienen con delegados de su grupo. En la carta reconoció que los únicos que estaban en disposición de concentrarse eran las disidencias del Frente 33 en el Catatumbo.
Una zona para hacer el ‘lavado de cara’
Durante el fin de semana del 3 y 4 de mayo de 2025, resultó un acuerdo entre el Estado Mayor de los Bloques con el gobierno nacional, en donde solo firman los integrantes del Frente 33, en sesiones llevadas a cabo en Cúcuta, en las que no participaron los demás integrantes del grupo de disidentes que conforman el Estado Mayor de los Bloques.
El acuerdo dice que la zona será en la zona rural de Tibú sin mencionar el lugar específico, mencionando que será una zona de presencia integral del Estado colombiano con proyectos de inversión y sustitución de cultivos. El Acuerdo Final del 2016 decía algo similar sobre las zonas de concentración de los excombatientes de las FARC, sin embargo al día de hoy lo que vemos es que muchas de esas zonas, se convirtieron en Bases Militares del Ejército estatal incrustadas en las regiones, sin que llegará la inversión social al territorio o presencia del Estado de otro tipo.
Desde diversos sectores han expresado su preocupación por este acuerdo de concentración y el papel de esa zona en un momento donde la confrontación bélica sigue vigente, mencionando que la población catatumbera es la que sufre en caso de darse un escenario de concentración de esas disidencias. Lo cierto es que este acuerdo sería la legalización de lo que ha venido haciendo las Fuerzas Militares y la banda en el territorio.
La banda logró concentrarse en Versalles, corregimiento de Tibú, con el apoyo del Ejército estatal, incluso usando soldados que se cambiaron el brazalete, desde donde han desplegado diferentes ataques a las fuerzas del ELN, pero sobre todo ataques sistemáticos a la población civil en medio de su ‘retoma’ territorial.
No les cuadran las cuentas
El 12 de abril, a casi 3 meses del inicio del plan Catatumbo del Ejército Nacional, en los resultados entregados en rueda de prensa, por parte del Comandante de las Fuerzas Militares, General Luis Emilio Cardozo, habló del “sometimiento de 128 miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC, quienes se entregaron al Ejército nacional”. En la zona, lo que ha constatado el ELN es que luego de entregados a las Fuerzas Militares, muchas de esas personas regresaron al Catatumbo nuevamente como combatientes de las disidencias, armados con las mismas armas que habían entregado a las Fuerzas Militares.
En la información oficial que debe reportar el Ministerio de Defensa trimestralmente, dice que para los tres primeros meses del año la cifra de personas entregadas de las disidencias a las fuerzas del Estado, que se acogen a un plan de sometimiento o desmovilización en Norte de Santander, es apenas de 48, ¿por qué el General Cardozo dice que son 128?, ¿por qué hay una diferencia de 80 personas en las declaraciones oficiales de Cardozo y las cifras del Ministerio de Defensa?, ¿los recogieron para salvaguardarlos bajo la falsa figura de sometimiento, que no cumplieron legalmente, para poderlos regresar al territorio a que siguieran combatiendo?, ¿con esta legalización y reciclaje de esta banda, continúan su estrategia a sangre y fuego contra el ELN?, ¿el Estado de Conmoción Interior le dio esas facultades al Ejército?
Estas son solo algunas dudas con respecto a la situación jurídica, política y militar que se presenta en el Catatumbo al día de hoy, donde la actuación del presidente de Colombia y su apoyo irrestricto a una banda de criminales, no aporta a la solución política al conflicto del país, antes al contrario, fortalece la guerra proxy conveniente a los intereses de los gringos en nuestro país.
