Montes de María: 60 años de lucha
Los Montes de María, una región de ricas tierras aptas para la ganadería, la agricultura y con una ubicación privilegiada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, con importantes vías de acceso que conectan al resto del país con la Costa Karibe, lo ha convertido en un territorio marcado por la violencia, donde el asesinato a campesinos, líderes sociales, los desplazamientos forzados, la presencia de grupos paramilitares, entre otros, se encuentran a la orden del día.
Esta región presenta una historia de violencia de más de 60 años enmarcados en momentos claves que van dirigidos al control del territorio, por terratenientes, paramilitares y narcotraficantes, desconociendo los derechos de las comunidades que ancestralmente han ocupado esas tierras y la relación que tienen con ellas. Por lo que se mencionarán algunos detonantes que en su momento han agudizado la violencia.
Los grandes monopolios de las tierras en la década de los 60, generaron fuertes hechos de violencia, asesinatos y desplazamientos forzados, además de obligar a los campesinos a someterse a contratos de arrendamiento y aparcería para poder trabajar las tierras. Luego la gran hacienda comienza a eliminar esta modalidad de contratos con los campesinos, quienes eran usados para sembrar grandes pastizales para la ganadería. Dejándolos sin un medio de ingreso, lo que los llevó a abandonar su territorio y radicarse en los centros urbanos. Según un artículo publicado por el portal www.ideaspaz.org.
Ya para finales de los 60 e inicio de los 70, Durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, se impulsa la reforma agraria, que suponía la entrega de títulos de tierra a quienes trabajaban las tierras en modalidad de aparceros, esto trajo grandes disputas y como consecuencia los terratenientes expulsaron a miles de campesinos, en su mayoría afrodescendientes, más de 30 mil familias fueron desplazadas.
Sin embargo el movimiento campesino representado en ese entonces por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), lucharía de forma pacífica promoviendo la reforma agraria, lo que les permitió el retorno de una quinta parte de la población expulsada. Aproximadamente unas 546 fincas fueron parceladas.
Ante estos hechos los terratenientes no se iban a quedar tranquilos y comenzaron una lucha política, por medio del pacto Chicoral durante el gobierno de Misael Pastrana para frenar la reforma (1972), acompañada de una arremetida violenta, crearon grupos armados para defender las tierras, lo que trajo como consecuencia la persecución y asesinato de líderes campesinos. Este conflicto dio paso a una tímida incursión de grupos guerrilleros en la zona, lo que iría cambiando en gran medida el matiz de la violencia. Los grupos armados por los terratenientes comenzaron a trabajar en alianza con la fuerza pública, no solo contra el campesinado, sino en contra de los grupos de izquierda, consolidando así el fenómeno paramilitar.
Para los años 80 la llegada de narcotraficantes a la región, que se fueron asentando en las áreas costeras de los Montes, específicamente en las zonas que se encuentran a lo largo de la carretera que comunica a Cartagena con el Golfo de Morrosquillo, creando grupos armados también para asegurar el narcotráfico en los corredores naturales de la zona. Lo que fue intensificando aún más la violencia. La persecución a campesinos, el despojo de tierras y los conflictos generados por diferentes grupos armados para controlar las rutas del narcotráfico hicieron que muchos campesinos, nuevamente abandonaran sus tierras para huir de la violencia.
La violencia en los Montes de Maria, llegó a su punto máximo en la década de los 90; solo entre 1998 y 2002 hubo 45 masacres, con un total de 235 víctimas en Bolivar, en Sucre se realizaron 21 masacres con un saldo de 127 víctimas.
Con las llegadas de las cooperativas Convivir, que no es otra cosa que la creación de grupos paramilitares financiados por los terratenientes, el semillero de las Autodefensas Unidas de Colombia, la violencia, persecución y asesinato de líderes sociales se incrementa aún más, eso sin contar con la Política de Seguridad Democrática, donde la escalada de violencia aumentó de forma alarmante, con una media de 400 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Lo que evidencia que el paramilitarismo es usado no solo para defender a los terratenientes, sino para exterminar cualquier expresión democrática transformadora, que nazca del pueblo.
Retorno del paramilitarismos
A pesar de que en los Montes de Maria la violencia no ha cesado, con la desmovilización de los paramilitares en esa zona, disminuyó notablemente, sin embargo desde el 2018 han realizado denuncias del retorno del paramilitarismo al territorio, lo que se significa una política de terrorismo que va más allá del conflicto armado, pues el control político para favorecer a los partidos de derecha, el despojo de las tierras para favorecer a los monocultivos como el de la palma aceitera, la ganadería extensiva y las rutas del narcotráfico son solo algunos de sus objetivos.
El paramilitarismo en los Montes de María hoy se expresa con el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanitas de Colombia (AGC), quienes siguen arremetiendo contra el pueblo con más fuerza, para frenar los tiempos de cambio que gesta el pueblo colombiano.
El despojo de las tierras no ha terminado, pues los campesinos siguen siendo víctimas de amenazas para robarles las tierra, como es el caso de una campesina quien por seguridad no será identificada; tuvo que vender 40 hectáreas de tierra valoradas cada una en 32 millones de pesos, solo en 12 millones, debido a las amenazas de los paramilitares.
En el caso de las pasadas elecciones bloquearon caminos, amenazaron veredas enteras para que no salieran a votar, o para que votaran por sus opciones de derecha, bajo la mirada cómplice del Estado.
Esta situación no solo se da en los Montes de María, sino que se replica en todo el país y es precisamente lo que ha motivado a la insurgencia en sus luchas.
La gente de los Montes de María sigue resistiendo en su territorio; sigue construyéndose como comunidad; sigue levantando la bandera de la paz, el bienestar y la democracia.
El cambio cada vez está más cerca y la esperanza florece en el vientre de un pueblo que lucha.