ASÍ LE ROBABAN LAS TIERRAS A LOS COSTEÑOS
El uso de la violencia de grupos paramilitares en complicidad con las fuerzas militares y de policía, financiado por sectores mafiosos ganaderos y transnacionales ha sido una de las formas más criminales de despojar las tierras al pueblo colombiano y particularmente a los costeños; tierras que fueron entregadas a empresarios de la agroindustria, terratenientes y transnacionles, quienes forman parte de toda una estructura criminal. Esta red delincuencial de nivel máximo, se articuló además, para distribuirse el poder político de la región, donde estuvieran actores que respondieran a sus intereses, como fueron el Pacto de Chivolo y Pivijay, donde se nombrarían zonas electorales y quienes ocuparían cargos de elección popular.
El despojo de las tierras y el control paramilitar de alcaldías y gobernaciones trajo como consecuencia problemas financieros en las administraciones públicas y mayor desigualdad social en todo el karibe colombiano.
La forma de despojo funcionaba de la siguiente forma, según el portal www.observatoriodetierras.org: en una primera instancia los ganaderos solicitaban la presencia paramilitar, ellos llegaban implantando toda una política de violencia, masacres, desapariciones, robos de ganados y siembras, quema de viviendas, entre otros mecanismos de terror, luego convocaban a una reunión para exigirle a los campesinos abandonar las tierras para apoderarse de ellas, dárselas a testaferros, políticos, terratenientes o transnacionales.
Si las tierras tenían títulos de propiedad, obligaban a sus dueños a vendarlas a precios de gallina flaca; los paramilitares decían; «si no vendes tus tierras, las venderá tu viuda”; en caso de que la tierra fuera por beneficio de la reforma agraria se realizaban despojos administrativos “mediante revocatoria de títulos por parte de funcionarios del INCORA- INCODER y luego los predios eran adjudicados a los financiadores de los paramilitares, sus aliados y testaferros” según el informe del Observatorio de Tierras.
Para muestra un botón: La Santa Fe es una parcelación de 896 hectáreas que el antiguo Incora le tituló a 30 familias en 1991 y que colinda con la mina La Jagua, pero los paramilitares asesinaron al profesor Weimar Navarro y desplazaron a todas las familias. Luego el Frente Juan Andrades declaró ante jueces y fiscales que Carbones del Caribe les pagó para impedir el retorno de lo campesinos.
HARINA DEL MISMO COSTAL
Y es que en el cuento de la coalición militar todos son cucarachas del mismo calabazo, como dicen por allí, como todos pertenecían a un grupo privilegiado los miembros podían tener dos roles, por ejemplo un político podía ser, alcalde o concejal y ganadero, si lo que se necesitaba era reforzar la legalidad de las acciones, pero para el uso de la violencia podía ser ganadero y paramilitar al mismo tiempo, es decir cobraban y ellos mismos se daban el vuelto.
Ejemplo de ello “el representante de la Agropecuaria Rimar, Ricardo David Pabón, compró un conjunto de predios en Chivolo que antes le pertenecían a la compañera del paramilitar y uno de los mayores despojadores del departamento, alias Codazzi, quien siendo propietaria englobó y cambió el nombre del inmueble. Adicionalmente, Pabón contrató los servicios del abogado de Reinaldo Gámez Goelkel, hermano del ex coordinador de gestión del INCODER en Plato, condenado por complicidad en el despojo de tierras, Ernesto Gámez Goelkel. Reinaldo asesoró a Ricardo Pabón en la compra de la tierra y posterior demanda a las víctimas campesinas”. Según el artículo Despojos en el Magdalena.
Lo cierto es que todas estas tramoyas se hacían a la luz pública, pero nadie decía o hacía nada y hasta hoy se sigue esperando la reparación de las víctimas.
Con la llegada de Gustavo Petro al poder y la propuesta de restituir la tierra a los campesinos, indígenas y afros, se han creado rumores de invasión de tierras y expropiaciones, el segundo rumor casi muerto debido a que lejos de expropiar el actual Presidente está comprando las tierras a precio comerciales.
En Magdalena se han difundido imágenes de grupos paramilitares, amenazan a líderes campesinos, la misma Fedegan amenaza con levantarse en armas de manera abierta y pública; esta realidad es un obstáculo para democratizar la tierra y el agua en el país y particularmente en el Karibe, donde el paramilitarismo se ha ensañado más contra la gente trabajadora y buena.
Es necesario que no permitamos una nueva paramilitarización de la sociedad, en donde se perdería los logros alcanzado por la lucha popular y las fuerzas democráticas y sobre todo no podemos permitir que el fusil paramilitar ahogue las esperanzas de cambio que hay en el país. La restitución es una necesidad histórica y la lucha por recuperar la tierra es justa y necesaria para conquistar la paz social y superar el hambre y la violencia.
