A 94 AÑOS DE LA MASACRE DE LAS BANANERAS LOS ASESINATOS SIGUEN
El sector campesino ha sido uno de los más marginados en Colombia desde la época independentista, cuando los poderosos se repartieron grandes territorios de tierras entre unos pocos, dando inicio así al monopolio de las mismas y con ello las profundas brechas de desigualdad y miseria.
Esta política de injusticia social basada en la exclusión, despojo de tierras, violación de los derechos de los trabajadores del campo han motivado sus innumerables luchas. Luchas que han dejado como saldo miles de muertos, muchos de ellos a manos del Estado, que lejos de velar por los derechos de los campesinos y la gente humilde, se ha abocado a proteger los intereses de los grupos de poder y las transnacionales, como sucedió entre el 5 y 6 de diciembre de 1.928, en la masacre de las bananeras, donde más de 3800 trabajadores de la United Fruit Company, (en el municipio Ciénaga, Magdalena) fueron asesinados a manos del ejercito en complicidad con los dueños de la transnacinal, tras iniciar un huelga para exigir los derechos laborales.
Un campo de inseguridad
A 94 años de este aborrecible hecho las condiciones de los trabajadores del campo no han mejorado, debido a que hasta hoy no existe una política que garantice los derechos de los trabajadores agrícolas, aunque los beneficios laborales que contempla la ley del trabajo los ampara, no hay ningún mecanismos u organismo que garantice el cumplimiento de esta ley en las zonas rurales.
Sueldos miserables, que en muchos casos no llegan ni a la mitad de un sueldo mínimo, pues una jornada de trabajo es pagada hasta en 15 mil pesos el día, especialmente en el Karibe, como lo aseguró el expresidente y directivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Eberto Díaz Montes, en una entrevista a un medio nacional en el 2020 y que hasta hoy sigue igual, esto sin mencionar la falta de acceso a la educación, salud y vivienda.
La falta de seguridad social es otro derecho que se le roba al campesino, quien no cuenta con un sistema de jubilación que le permita retirarse en su vejez, lo que los obliga a trabajar hasta el último de sus días o a morir de hambre. Sin embargo habrá quien dirá que para los campesinos existen los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), sin embargo este sistema es inviable debido a que los ingresos de los trabajadores del campo son tan pocos que si no alcanzan para comer, mucho menos para ahorrar.
Una verdadera crisis agraria
Para el pequeño campesino trabajar la tierra por cuenta propia ha sido una misión imposible, debido a que las políticas aplicadas por el fallido Estado de derecha favorecen a los terratenientes y las transnacionales, dejando al campesinado sin tierras para trabajar, debido a que el 1% de las fincas de mayor tamaño concentran el 81% de las tierras en Colombia. Siendo esta una de las principales causas de las luchas campesinas y por ende del conflicto armado, que ha dejado a miles de líderes sociales muertos, a manos de organismos de seguridad del fallido Estado de derecha y del paramilitarismo, la mayoría de ellos de las zonas rurales.
Hasta el 27 de noviembre de 2022 171 líderes sociales fueron asesinados, la mayoría de ellos pertenecen a zonas rurales, como es el caso de Carlos Andrés Posada, a quien asesinaron el pasado 14 de noviembre en la vereda Mandarinos, zona rural de Ituango. Quien desarrollaba proyectos productivos en su comunidad.
No poder acceder a créditos agrarios, los requerimientos para los financiamientos están diseñados para que solo las grandes agropecuarias puedan acceder a ellos, las faltas de vías y transportes para sacar la producción y los tratados de libre comercio (TLC), son otros factores que afectan la producción de los campesinos. Quienes en muchos casos pierden sus cosechas, mientras el país padece una hambruna.
No todo está perdido
Con el actual gobierno de Gustavo Petro se han dado pasos en cuanto a proyectos para la entrega de tierras para los campesinos, sin embargo es urgente tratar el tema de los asesinatos, el acceso a recursos, capacitación y tecnificación de los pequeños campesinos que aún no se han tratado. Por lo que es urgente la movilización popular para exigir un plan de desarrollo integral que permita proteger, desarrollar y fortalecer al pequeño y mediano productor para que la deuda histórica con los campesinos deje de ser una tarea pendiente.
