EL GOBIERNO SABÍA
Karibeño Rebelde
Edición Nº 273
¿Por qué el Gobierno ignoró dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo entre agosto y noviembre de 2024? ¿Por qué omite deliberadamente la responsabilidad de las disidencias en la violencia que vive el Catatumbo?
Por ejemplo, la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de agosto de 2024 señalaba que debido a la pretensión del Frente 33 de expandirse desde la subregión del Catatumbo hasta la zona alta de La Esperanza (Norte de Santander) y San Alberto (Cesar), sus habitantes están corriendo riesgos.
La ATI también fue emitida porque los bloques Gentil Duarte y Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes podrían afectar con su accionar criminal los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que también habitan en la parte superior de los dos municipios: en el corregimiento Planes, de La Esperanza, y los corregimientos Trinidad y Fundación de San Alberto.
En noviembre de 2024, la Defensoría emitió una alerta temprana con la cual advertía sobre el riesgo inminente de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo.
Según reveló la W Radio, el documento de 28 páginas detallaba cómo la expansión del Frente 33 de las disidencias hacia municipios de Santanader y sur de Cesar estaba provocando una elevada tensión en la zona.
El informe de la Defensoría advirtió que la presencia fortalecida de las disidencias y su eventual confrontación con el ELN podrían desencadenar una crisis humanitaria de gran magnitud, e identificó los municipios más vulnerables: Ocaña, El Carmen, Teorama, Ábrego y La Playa de Belén, en Norte de Santander, así como Río de Oro y González en el Cesar.
Sin embargo, las medidas solicitadas en la alerta no fueron implementadas, lo que permitió que el conflicto escalara hasta el punto actual, reseñó el portal Infobae el pasado 20 de enero.
Red de mentiras
En consonancia con la narrativa del Gobierno el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, aseguró que la alerta temprana de noviembre no advertía sobre acciones específicas contra la población civil.
Lo anterior deja en evidencia el manejo inadecuado en temas de protección y prevención, el interés calculado del Gobierno por lo que sucede en el Catatumbo y la omisión interesada en torno a la confrontación: era inminente y estaba advertida al menos desde agosto por el público plan de expansión del Frente 33 en la región como asegura la Defensoría del Pueblo.
Hasta hoy se desestima la importancia de ambos informes. Esto sin tomar en cuenta todo el apoyo que el Gobierno a través del ejército le prestó a las disidencias para evacuarlos del lugar, lo que deja al descubierto y sin duda alguna la complicidad entre el Estado y las disidencias para la ejecución de un plan contra el ELN en el territorio.
Esto queda en evidencia cuando en zonas como Campo Yuca y Beltrania, dos veredas que se encuentran a 15 minutos del casco urbano de Tibú, hubo un enfrentamiento entre el ELN y el debilitado Frente 33, se hizo el recate de civiles y la extracción de miembros de las disidencias por parte de la fuerza pública y el combate terminó. Así lo reseñaron varios medios del País, entre ellos una entrevista publicada por la Silla Vacía el 21 de Febrero.
La narrativa que se impuso hasta hoy esconde entre otras cosas el fracaso del Estado y del Gobierno ante las exigencias de las poblaciones y propuestas de organizaciones sociales para ejecutar planes alternativos para el desarrollo del Catatumbo, se utiliza como excusa para ocultar las causas de la crisis de la mesa de negociación con el ELN.
Y se aprovecha para militarizar el territorio, a la vez que oculta la activa participación de agentes del Estado en el plan de expansión paramilitar del corredor Magdalena Medio-Catatumbo, con el Frente 33 como principal actor de esta orquestación en el caso del Catatumbo.
