LA GUERRA ES POR EL TERRITORIO
Karibeño Rebelde
Edición Nº 257
Más allá del discurso contra guerrilla que han sabido manejar los paramilitares y grupos criminales del Magdalena, la verdadera disputa es por el control del territorio, el Magdalena resulta ser estratégico para el cultivo, producción y exportación de drogas, por ser un departamento portuario, con una importante salida al mar, lo que también facilita el contrabando de armamentos. Las extorsiones son otro de los negocios que manejan estos grupos.
Esto ha generado una guerra entre diferentes grupos paramilitares, los Conquistadores de la Sierra, herederos del Bloque de Resistencia Tayrona y que han dominado la Sierra Nevada, contra el Clan del Golfo por el control de las rutas del narcotráfico, las extorsiones y la explotación de la minería tanto legal como ilegal.
Es sabido por muchos que el Clan del Golfo está metido en el negocio de la minería ilegal en Magdalena, la extracción de materiales de construcción, entre otros minerales, que dejan cuantiosas sumas de dinero para estos grupos criminales y sus aliados.
Esta guerra ha desatado una nueva ola de violencia para intentar tomar el control del territorio, generando nuevas masacres, líderes indígenas asesinados, siete en lo que va de 2024 en la Región Karibe, nuevas violencias sexuales y varios desplazamientos forzados.
El control político es otro de los motivos por los cuales estos grupos delincuenciales generan violencia y terror, debido a que su funcionamiento está estrechamente ligado con el poder político en la región. Como se dijo anteriormente, ellos no podrían funcionar sin la complicidad del Estado y los gobiernos regionales, quienes al mismo tiempo se enriquecen de las actividades ilícitas, bien sea como dueños o recibiendo regalías.
Consecuencias ambientales de la minería
La minería tanto legal como ilegal deja importantes daños ambientales, entre los que se encuentran la contaminación por mercurio y otros químicos, que afectan las fuentes hídricas, los suelos y el aire, causando graves enfermedades tanto a los humanos, como a la fauna y la vegetación.
La deforestación es otro de los grandes daños que causa la minería, lo que trae como consecuencias el exterminio de la biodiversidad en el territorio.
La erosión de la cuenca es otro de los grandes problemas que trae tanto la minería, como la extracción de materiales de construcción de los ríos. El 78% de la cuenca presenta erosión crítica. Esto ha afectado la pesca que en los últimos 30 años ha sufrido una reducción del 40%, afectando la economía de los pobladores de la región.
En el marco de la COP16, se debe hacer un llamado al Gobierno para que priorice la lucha contra la minería ilegal en el Magdalena, la protección de los líderes ambientales e indígenas en la zona, quienes tienen como misión de vida ser los guardianes del equilibrio del mundo desde la Sierra Nevada y hoy están siendo masacrados.
Normalización de la violencia
Esta violencia continuada ha traído como consecuencia un desarraigo de la cultura de los pueblos originarios, en quienes se ven obligados a dejar sus territorios para huir de la violencia, lo que pone en riesgo la continuidad de sus costumbres y su misión de ser guardianes del equilibrio del mundo desde la Sierra y por ende de un ecosistema vital para la costa Karibe. Sin mencionar las inmensas brechas de desigualdad y miseria. Magdalena tiene un indice de pobreza monetaria del 61% y la pobreza monetaria extrema es del 24.4%, según un informe emitido por el Ministerio de Salud.
El empobrecimiento de los campesinos, la falta de acceso a educación digna y el hecho de vivir en condiciones de guerra constante, han alterado su dinámica social haciendo que los niños y jóvenes vean la guerra como la única opción para obtener ingresos, lo que los hace presa fácil para el reclutamiento de paramilitares, quienes los incorporan en actividades delictivas como las extorsiones y el narcotráfico, según aseguró un líder de la región. Se normaliza la guerra y la violencia.
Por eso es de suma importancia que las comunidades, líderes sociales, indígenas y demás organizaciones alternativas y sociales trabajen mancomunadamente para cambiar el orden político en la región karibeña y de esa forma acabar con años de impunidad, despojo y violencia. Por eso se deben construir políticas de vida, para poder lograr una paz con equidad impulsada desde el seno de los pueblos y la sociedad.