Por: Luis Carlos Guerrero
Las demandas de las movilizaciones masivas registradas en los ùltimos tres años en Colombia no solo siguen vigentes, sino que plantean nuevos escenarios y retos para la multidiversidad de sectores políticos y sociales que exigimos un cambio radical. Casi un siglo ha transcurrido desde que el Presidente Miguel Abadía Méndez ordenó la represión del movimiento estudiantil que el 8 de junio de 1929 protestaba en Bogotá por la masacre de las bananeras y allí murió asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez.
Y el contexto no ha cambiado mucho. Es por ello que las protestas contra el Gobierno de Abadía Méndez y las movilizaciones contra las reformas tributarias, pensional y laborales del mal Gobierno de Duque, y el reclamo por una educación público-gratuita y de calidad, giran en torno al mismo epicentro: la profunda desigualdad social que subsiste en Colombia.
Cuando afirmamos que nuevos escenarios y retos se presentan a las demandas de noviembre y diciembre pa- sado nos referimos, por ejemplo, al lamentable ingreso de Colombia como país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) desde abril pasado.
Como se trata de un club privado, Colombia debe pagar entre 5 y 6 millones de dólares por el ingreso a este organismo, pero además debe asumir las recomendaciones y políticas económicas que se le orienten.
Entre las recomendaciones que nos impondrán tenemos el aumento de las edades de pensión, incremento de las cotizaciones, aceptar que la pensión sea inferior al salario mínimo y aniquilar el sistema público de pensio-nes, reducir el costo de la formalización laboral (tercerización, desempleo y rebusque despuntarán), reduc- ción del gasto social (educación y salud), eliminación de aranceles.
Un panorama nada alentador si tomamos en cuenta que el Covid-19 pone en evidencia un Estado desmantela-do al servicio de los sectores económicos que, de manera miserable, entrega dádivas a los más pobres para que sobrevivan a la pesadilla de tan terrible pandemia.
JOVENES SUJETOS DE UNA NUEVA AVALANCHA
Lo más emblemático e importante de las movilizaciones en el pais, es la composición social de quienes levan- taron ese poderoso movimiento: estudiantes, músicos, sectores culturales y artísticos en general. Sobre todo la juventud colombiana.
Una de las demandas básicas de los jóvenes es la defensa de la educación pública, gratuita y universal en Co- lombia y a partir de allí romper con el sistema de privilegios que reproduce la desigualdad en todos los ám- bitos. Los exámenes de admisión para el acceso a la educación universitaria y las pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) son parte de ese sistema de privilegios, ya que priorizan a las familias de mayores ingresos y estudiantes de colegios privados, en detrimento de los sectores populares.
Es una política de Estado, además, los recortes presupuestales al sector universitario. Hace dos años, las 32 universidades públicas de Colombia registraban un déficit de 1 2,5 billones de pesos. A pesar de que el Gobierno de Duque destinó 41,4 billones de pesos a la educación en general en 2019, esto solo representó el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra muy por debajo de la región.
Mantener el espíritu de las demandas de 2019 y 2021 es importante, recordemos que la gran moviliza-ción – en el caso del Karibe- logró la destitución del rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca, por ordenar el ingreso del ESMAD y la Policía al Alma Mater.
El contexto actual de Colombia plagado de tramas de corrupción, nepotismo, impunidad y entrega de las ri- quezas de la nación a los más ricos con las nuevas orientaciones de la OCDE, demanda que ese aluvión juventud – estudiantes – movimientos culturales replantee los escenarios de lucha para caminar hacia las transformaciones reales que reclama el país.
